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¿Por qué las empresas deben preocuparse ahora por la Evaluación de Riesgos para la Sostenibilidad?



Desde los peligros del cambio climático hasta las atroces condiciones de trabajo en algunos países, las noticias recientes han pintado un panorama muy sombrío de las cadenas de suministro globalizadas. En consecuencia, temas como los derechos humanos y las cuestiones medioambientales están acaparando cada vez más la atención del público.



Los ciudadanos individuales han mostrado cada vez más interés por los bienes y el consumo sostenibles y ahora la legislación está acelerando el camino hacia las cadenas de suministro sostenibles. Varios países ya han tomado medidas para abordar estas cuestiones, como la Ley de la Cadena de Suministro en Alemania, que entrará en vigor en enero de 2023. Esta ley garantizará que las empresas controlen y mitiguen los riesgos sociales y medioambientales en su cadena de suministro.



La iniciativa de la Comisión Europea


A mayor escala, la Comisión Europea ha intervenido proponiendo una Directiva de Diligencia Debida de Sostenibilidad Corporativa, que afectará a 50.000 empresas. Esta normativa obligará a las empresas a tener en cuenta los derechos humanos, el cambio climático y las consecuencias medioambientales de sus acciones a la hora de tomar decisiones corporativas. A partir de ahora, las empresas se someterán a auditorías y certificaciones independientes, con el fin de comprobar si la información que proporcionan es fiable. Garantizar que las empresas se adhieran a la nueva directiva será cada vez más importante, por lo que nuestra nueva herramienta de Evaluación de Riesgos de Sostenibilidad (SRA) está ayudando a las empresas a analizar y mitigar los riesgos de sostenibilidad en sus cadenas de suministro.



Las cuestiones sociales y medioambientales


La importancia de estas iniciativas se hace evidente al observar las historias de mala conducta de las empresas que han salido a la luz en los últimos años. Por ejemplo, países como Australia, EE.UU. y Brasil han estado recientemente en el punto de mira por violaciones de los derechos humanos. Las historias de trabajo infantil y de explotación de inmigrantes ilegales puestos a trabajar sin derechos sociales, han obligado a establecer normas que, además de proteger los derechos humanos, tienen como objetivo salvaguardar el medio ambiente. Las empresas tienen que cambiar su forma de actuar para cumplir las nuevas directivas de sostenibilidad. Estos cambios van desde tener que hacer grandes cambios como limitar las emisiones de CO2 hasta simplemente ser conscientes de a quién compran las empresas sus productos. Aunque esto último puede parecer fácil de conseguir, puede ser complicado cuando se trata, por ejemplo, de complejas cadenas de suministro mundiales. En concreto, en la industria alimentaria, tomar decisiones de compra conscientes requiere mucho tiempo y atención, ya que los riesgos sociales y medioambientales pueden no ser una información fácil de conseguir.



¿Cómo puede ayudar Agriplace?


Agriplace descubre, mide y analiza estos riesgos con el módulo de Evaluación de Riesgos de Sostenibilidad (SRA), que puede proporcionar información sobre los riesgos medioambientales, sociales y de gobernanza. Utilizando la información extraída de 18 bases de datos de renombre, el SRA puede proporcionar una visión general que ayudará a las empresas a mitigar los riesgos en sus cadenas de suministro, teniendo en cuenta el producto, el volumen suministrado y el país o incluso la región del proveedor.



Una vez obtenida la información, el sistema crea un análisis personalizado a partir del cual el usuario puede ajustar la ponderación de las dimensiones de riesgo según las prioridades. Una vez recopilada toda la información sobre los riesgos de su propia cadena de suministro, el cliente puede tomar las medidas oportunas en la plataforma de aprobación de la cadena de suministro de Agriplace. Al hacerlo, el usuario tendrá una idea clara de la documentación probatoria adicional que necesitará de cada proveedor para mitigar los riesgos potenciales. Esto tranquilizará a las empresas, así como a sus inversores, de que sus proveedores están cumpliendo con las nuevas leyes de diligencia debida, además de saber que se están comportando de forma moral y sostenible.

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